Fuente: LaPoliticaonline / Eduardo Masso FeTERA Quilmes
El ombudsman de Avellaneda, Sebastián Vinagre, demandará mañana a Metrogas y el gobierno. Denuncia la inconstitucionalidad de los "cargos" en la boleta, como un impuesto disfrazado de aumento tarifario. Según fuentes judiciales, el juez podría dar lugar al amparo. Es parte de una estrategia pautada con todos los ombusdman del país.
Un escrito de 27 páginas donde se desarrolla un profundo análisis sobre la inconstitucionalidad de los aumentos en el gas, lo cuáles llegan a cifras exorbitantes, podría acabar mañana con un amparo judicial que congele el tarifazo hasta que se resuelva la legalidad de la medida.
Quién elaboró el trabajo es el abogado y ombudsman de Avellaneda, Sebastián Vinagre, como parte de una estrategia mucho más masiva acordado en una reunión de casi todos los defensores del pueblo del país que tuvo lugar hace algunos días en Santiago del Estero.
De allí salió un plan de todos los ombudsman, quienes se pusieron de acuerdo en avanzar por vías separadas, lo cual podría traducirse en las próximas horas en una avalancha de presentaciones judiciales contra los groseros aumentos. Ya hubo avances en, por ejemplo, Córdoba.
La Política Online accedió en exclusiva al texto, el cual será presentado mañana a Metrogas, la empresa encargada de ejecutar el incremento tarifario, y también al Poder Ejecutivo. Según fuentes judiciales, el juez podría dictar esta misma semana la medida cautelar que frene los aumentos hasta que la Justicia dictamine si, tal como intenta demostrar Vinagre en su presentación, se trata de una medida inconstitucional. "Si no pasa nada raro, tiene que salir", confirmó a este medio el vocero judicial consultado.
La primera cuestión que atiende el funcionario denunciante es la maniobra que se esconde en el decreto Nº 2067 de Cristina Kirchner, fechado el 27 de noviembre de 2008, cuando el calor ocupaba el clima y el consumo de gas era una cuestión secundaria, y ratifica la Resolución 1451/2008 del Ministerio de Planificación, y las Resoluciones 563 y 570 del Ente Regulador del Gas (Enargas).
En pocas palabras, lo que describe Vinagre es que el gobierno disfrazó de aumento tarifario un impuesto, ya que el incremento no va a parar a la empresa operadora del gas –como correspondería a un aumento- sino que todo lo recaudado con el excedente conformará un Fondo Fiduciario que, como no podía ser de otra manera, controlará el poderoso ministro Julio De Vido. Su texto tiene como objeto que se declare “la inconstitucionalidad por ilegitimidad manifiesta” del decreto y las posteriores resoluciones.
El disfraz kirchnerista
La jugada del gobierno es evidente. En primer lugar, establece el aumento con el objetivo de crear un Fondo Fiduciario para atender, en caso de necesidad, la importación de gas “con el fin de garantizar el abastecimiento interno”. En su artículo 2º, aclara que ese Fondo se integrará con “cargos tarifarios a pagar por los usuarios”.
Ahí aparece la trampa. El decreto utiliza el término “cargo tarifario” para disfrazar de incremento tarifario lo que no es otra cosa que un impuesto. ¿Por qué? Porque el aumento puede establecerlo por decreto, mientras que un impuesto sólo puede ser sancionado por el Poder Legislativo, según marca la Constitución.
Hoy, para el gobierno mandar un aumento que llega en algunos casos a un 500% sería poco menos que un suicidio. La medida, además, rompería contra cualquier postura “progresista” que quiera demostrar el kirchnerismo: el aumento afecta a todo aquellos usuarios que consuman anualmente más de 700 metros cúbicos. Según el informe de Vinagre, estas personas son las que poseen en sus casas una cocina, un calefón o termotanque y una estufa o calefactor. Es decir, lejos de una medida populista, el incremento afecta a todos.
Además, IVA
La denuncia, en uno de sus párrafos, subraya que “como si no estuviéramos frente a una suficiente arbitrariedad por parte del Poder Ejecutivo” al crear este “tributo encubierto”, el decreto de Cristina autoriza a gravarlo con IVA.
Para que sea un aumento tarifario, como expone el gobierno en el decreto, debería fundamentarse con un aumento en los costos de prestación del servicio o tener por finalidad constituirse en una contraprestación a cargo del usuario. El “cargo tarifario” es, tal cual explica la denuncia, “una prestación de dinero exigida por el Estado con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”.
Metrogas quedó atrapado en la maniobra del gobierno. Si bien es el brazo ejecutor del tarifazo, no percibe un centavo del aumento, el cual marcha derecho a engrosar el Fondo diseñado por Cristina para De Vido. En su página web, la empresa se encarga de aclarar que "en los cargos específicos (como el subsidio patagónico o los Fondos Fiduciarios) que establece la autoridad regulatoria -el Enargas- la distribuidora MetroGAS-, actúa como agente de percepción y no percibe beneficio económico sobre el mismo".
“En suma –resume Vinagre-: el mal llamado `cargo tarifario´ no es otra cosa que un TRIBUTO creado ilegítimamente por un Órgano del Estado que según nuestra Constitución Nacional no tiene facultades para hacerlo, y que además, el mismo resulta desproporcionado e irrazonable, puesto que la mayoría de los casos supera el costo de la tarifa del servicio, en virtud de lo cual resulta confiscatorio de la propiedad de los usuarios y consumidores de gas natural por redes”.
Más violaciones
Según la denuncia de Vinagre, en torno a la magnitud, su imprevisibilidad e incluso “su aplicación retroactiva a consumos efectuados con anterioridad”, vulneran el artículo 42º de la Constitución Nacional. Según el anexo I de la Resolución 570 del Enargas, se reglamenta el nuevo cuadro tarifario con vigencia a partir del 1º de noviembre de 2008. Esto es, prevé “la vigencia retroactiva de las nuevas tarifas de la licenciataria”.
Asimismo, el artículo 4º de la Ley 24.240 establece la obligación de los proveedores de servicios públicos de informar adecuadamente a los usuarios “en forma cierta y objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficiente” sobre las condiciones de la prestación. Entre ellos, claro está, ocupa un lugar primordial el “precio que pagarán por la utilización del servicio”, explica la denuncia.
En relación a todo esto, y más allá del objetivo final que es conseguir se dicte la inconstitucionalidad del aumento para financiar el Fondo Fiduciario de De Vido, lo que pide Vinagre como medida urgente es, por un lado, detener inmediatamente los aumentos. Esto pide al juez.
A su vez, manda un pedido doble a Metrogas. Primero, aceptar el pago de facturas excluyendo el aumento; es decir, que acepten el pago parcial de las facturas hasta que se resuelva vía judicial el asunto. Por último, se abstenga de efectuar cortes del suministro de gas.
“A diferencia de lo que pasó con los aumentos de la electricidad, donde se planteó castigar a quienes más consumieran estableciéndose míseras y arbitrarias excepciones (…) no se trata aquí de reducir el consumo de los aires acondicionados, apagar las computadoras o cambiar las lámparas por otras de bajo consumo –cierra el impecable escrito del ombudsman de Avellaneda-. El gas residencial se utiliza, únicamente, en estufas y cocinas, es decir, para enfrentar el frío y cocinar los alimentos. En consecuencia, poco o nada puede reducirse su consumo”.
El ombudsman de Avellaneda, Sebastián Vinagre, demandará mañana a Metrogas y el gobierno. Denuncia la inconstitucionalidad de los "cargos" en la boleta, como un impuesto disfrazado de aumento tarifario. Según fuentes judiciales, el juez podría dar lugar al amparo. Es parte de una estrategia pautada con todos los ombusdman del país.
Un escrito de 27 páginas donde se desarrolla un profundo análisis sobre la inconstitucionalidad de los aumentos en el gas, lo cuáles llegan a cifras exorbitantes, podría acabar mañana con un amparo judicial que congele el tarifazo hasta que se resuelva la legalidad de la medida.
Quién elaboró el trabajo es el abogado y ombudsman de Avellaneda, Sebastián Vinagre, como parte de una estrategia mucho más masiva acordado en una reunión de casi todos los defensores del pueblo del país que tuvo lugar hace algunos días en Santiago del Estero.
De allí salió un plan de todos los ombudsman, quienes se pusieron de acuerdo en avanzar por vías separadas, lo cual podría traducirse en las próximas horas en una avalancha de presentaciones judiciales contra los groseros aumentos. Ya hubo avances en, por ejemplo, Córdoba.
La Política Online accedió en exclusiva al texto, el cual será presentado mañana a Metrogas, la empresa encargada de ejecutar el incremento tarifario, y también al Poder Ejecutivo. Según fuentes judiciales, el juez podría dictar esta misma semana la medida cautelar que frene los aumentos hasta que la Justicia dictamine si, tal como intenta demostrar Vinagre en su presentación, se trata de una medida inconstitucional. "Si no pasa nada raro, tiene que salir", confirmó a este medio el vocero judicial consultado.
La primera cuestión que atiende el funcionario denunciante es la maniobra que se esconde en el decreto Nº 2067 de Cristina Kirchner, fechado el 27 de noviembre de 2008, cuando el calor ocupaba el clima y el consumo de gas era una cuestión secundaria, y ratifica la Resolución 1451/2008 del Ministerio de Planificación, y las Resoluciones 563 y 570 del Ente Regulador del Gas (Enargas).
En pocas palabras, lo que describe Vinagre es que el gobierno disfrazó de aumento tarifario un impuesto, ya que el incremento no va a parar a la empresa operadora del gas –como correspondería a un aumento- sino que todo lo recaudado con el excedente conformará un Fondo Fiduciario que, como no podía ser de otra manera, controlará el poderoso ministro Julio De Vido. Su texto tiene como objeto que se declare “la inconstitucionalidad por ilegitimidad manifiesta” del decreto y las posteriores resoluciones.
El disfraz kirchnerista
La jugada del gobierno es evidente. En primer lugar, establece el aumento con el objetivo de crear un Fondo Fiduciario para atender, en caso de necesidad, la importación de gas “con el fin de garantizar el abastecimiento interno”. En su artículo 2º, aclara que ese Fondo se integrará con “cargos tarifarios a pagar por los usuarios”.
Ahí aparece la trampa. El decreto utiliza el término “cargo tarifario” para disfrazar de incremento tarifario lo que no es otra cosa que un impuesto. ¿Por qué? Porque el aumento puede establecerlo por decreto, mientras que un impuesto sólo puede ser sancionado por el Poder Legislativo, según marca la Constitución.
Hoy, para el gobierno mandar un aumento que llega en algunos casos a un 500% sería poco menos que un suicidio. La medida, además, rompería contra cualquier postura “progresista” que quiera demostrar el kirchnerismo: el aumento afecta a todo aquellos usuarios que consuman anualmente más de 700 metros cúbicos. Según el informe de Vinagre, estas personas son las que poseen en sus casas una cocina, un calefón o termotanque y una estufa o calefactor. Es decir, lejos de una medida populista, el incremento afecta a todos.
Además, IVA
La denuncia, en uno de sus párrafos, subraya que “como si no estuviéramos frente a una suficiente arbitrariedad por parte del Poder Ejecutivo” al crear este “tributo encubierto”, el decreto de Cristina autoriza a gravarlo con IVA.
Para que sea un aumento tarifario, como expone el gobierno en el decreto, debería fundamentarse con un aumento en los costos de prestación del servicio o tener por finalidad constituirse en una contraprestación a cargo del usuario. El “cargo tarifario” es, tal cual explica la denuncia, “una prestación de dinero exigida por el Estado con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines”.
Metrogas quedó atrapado en la maniobra del gobierno. Si bien es el brazo ejecutor del tarifazo, no percibe un centavo del aumento, el cual marcha derecho a engrosar el Fondo diseñado por Cristina para De Vido. En su página web, la empresa se encarga de aclarar que "en los cargos específicos (como el subsidio patagónico o los Fondos Fiduciarios) que establece la autoridad regulatoria -el Enargas- la distribuidora MetroGAS-, actúa como agente de percepción y no percibe beneficio económico sobre el mismo".
“En suma –resume Vinagre-: el mal llamado `cargo tarifario´ no es otra cosa que un TRIBUTO creado ilegítimamente por un Órgano del Estado que según nuestra Constitución Nacional no tiene facultades para hacerlo, y que además, el mismo resulta desproporcionado e irrazonable, puesto que la mayoría de los casos supera el costo de la tarifa del servicio, en virtud de lo cual resulta confiscatorio de la propiedad de los usuarios y consumidores de gas natural por redes”.
Más violaciones
Según la denuncia de Vinagre, en torno a la magnitud, su imprevisibilidad e incluso “su aplicación retroactiva a consumos efectuados con anterioridad”, vulneran el artículo 42º de la Constitución Nacional. Según el anexo I de la Resolución 570 del Enargas, se reglamenta el nuevo cuadro tarifario con vigencia a partir del 1º de noviembre de 2008. Esto es, prevé “la vigencia retroactiva de las nuevas tarifas de la licenciataria”.
Asimismo, el artículo 4º de la Ley 24.240 establece la obligación de los proveedores de servicios públicos de informar adecuadamente a los usuarios “en forma cierta y objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficiente” sobre las condiciones de la prestación. Entre ellos, claro está, ocupa un lugar primordial el “precio que pagarán por la utilización del servicio”, explica la denuncia.
En relación a todo esto, y más allá del objetivo final que es conseguir se dicte la inconstitucionalidad del aumento para financiar el Fondo Fiduciario de De Vido, lo que pide Vinagre como medida urgente es, por un lado, detener inmediatamente los aumentos. Esto pide al juez.
A su vez, manda un pedido doble a Metrogas. Primero, aceptar el pago de facturas excluyendo el aumento; es decir, que acepten el pago parcial de las facturas hasta que se resuelva vía judicial el asunto. Por último, se abstenga de efectuar cortes del suministro de gas.
“A diferencia de lo que pasó con los aumentos de la electricidad, donde se planteó castigar a quienes más consumieran estableciéndose míseras y arbitrarias excepciones (…) no se trata aquí de reducir el consumo de los aires acondicionados, apagar las computadoras o cambiar las lámparas por otras de bajo consumo –cierra el impecable escrito del ombudsman de Avellaneda-. El gas residencial se utiliza, únicamente, en estufas y cocinas, es decir, para enfrentar el frío y cocinar los alimentos. En consecuencia, poco o nada puede reducirse su consumo”.
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