Es necesario preservar los derechos de los consumidores
(FeTERA SEMANAL N° 493 03.02.09). Ante el fracaso del modelo privatista, que transformó los servicios públicos en simples mercancías, que ahora se traduce en un incremento abusivo y desmedido de las tarifas eléctricas, en el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, el 29 de enero se realizó una Asamblea de usuarios, organizaciones sociales, gremiales, políticas, sociedades de fomento, para entablar una Denuncia cuestionando la validez, oportunidad y conveniencia de los incrementos tarifarios registrados en el servicio eléctrico.
Suplementos FeTERA
(Prensa Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata). La Asamblea de usuarios y organizaciones sociales, gremiales, sociedades de fomento, políticas, etc. llevada a cabo el 29 de enero en EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA convocada como consecuencia de los incrementos tarifarios registrados y aprobado mediante Res. MIVSP N° 741/08, publicada en Boletín Oficial el 19/01/09, han decidido en forma conjunta y mancomunada tomar intervención en repudio de la medida.
Las entidades evaluaron entablar una denuncia cuestionando la validez, oportunidad y conveniencia de los incrementos registrados en dicho cuadro tarifario emitido por la Autoridad de Aplicación del Marco Regulatorio Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, respecto a la determinación de las tarifas remunerativas del servicio de distribución de energía eléctrica con base en claros fundamentos.
A) En primer lugar se cuestiona la razonabilidad de las tarifas, tanto en el ámbito provincial como nacional, remarcando que “las tarifas por los servicios suministrados por distribuidores deben ser ofrecidos a precios justos y razonables y asegurar el mínimo costo razonable para los usuarios compatible con la seguridad del abastecimiento.”
B) También se alega que si bien las tarifas deben posibilitar una razonable tasa de rentabilidad, dicha tasa debe guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de la empresa. Situación que no se cumple en la actualidad toda vez que en general los servicios son prestados en condiciones deficientes, inseguras y no garantizan la calidad mínima exigida po
r los contratos de concesión.
C) La principal motivación de la denuncia halla su fundamento en los principios establecidos por el Marco Regulatorio Eléctrico que expresamente consagran, dentro de los derechos de los usuarios, que se les facturen sus consumos de energía eléctrica en base a valores realmente medidos, a intervalos de tiempo regulares y a precios no superiores a los que surgen de aplicar a dichos consumos, las tarifas contenidas en los cuadros aprobados por la Autoridad de Aplicación; es decir, la facturación de los consumos no puede ser aplicada a consumos ya efectuados sino a la tarifa vigente al momento de efectuarlos (principio de seguridad jurídica).
D) Asimismo, se destaca la violación al derecho a ser informado en forma clara y precisa acerca de las condiciones de la prestación, de sus derechos y obligaciones y de toda otra cuestión y/o modificación que surja mientras se realiza la misma, y que pueda afectar las
relaciones entre el prestador y el usuario, situación que no se cumple desde que el usuario toma conocimiento de un aumento en el mes de enero para consumos que realizó desde el 01/10/08.
E) Tampoco se cumple la exigencia de la publicidad de las modificaciones a los cuadros tarifarios, que luego de su aprobación deben ser ampliamente difundidos para su debido conocimiento por parte de los usuarios.
F) La Asamblea denuncia la oportunidad, conveniencia y legalidad de la medida provincial toda vez que el nuevo cuadro tarifario que aprueba la Resolución 741 contiene aumentos que se originan en el traspaso a tarifa de los mayores costos de los precios de la energía en el Mercado Mayorista, los que se aplican a consumos superiores a 1.000 kw/bim., pero también incluye cargos por transporte de TRANSBA y TRANSENER que fueran autorizados por las Resoluciones ENRE 327 y 328/08, alcanzando éstos a todas las categorías tarifarias, aunque en menor escala. Cabe aclarar que los aumentos tarifarios aplicados con retroactividad al primero
de octubre del año pasado afectan a todas las tarifas vigentes y a cada uno de los usuarios.
Los aumentos observados en las tarifas T1R residenciales, son progresivos de acuerdo al consumo en porcentuales que van desde el 23 % (consumos entre 500 y 700 kw/mes) hasta el 82% (para consumos superiores a 1.400 Kw/mes).
En el caso del T1RE los aumentos van del 7 % (consumos hasta 500 kw/mes) hasta el 187% (para consumos superiores a 1.400 kw/mes).
Estos incrementos repercuten perjudicialmente en el bolsillo de los consumidores y dejan a la luz la inoportunidad de la medida en un contexto socioeconómico extremadamente difícil para todos.
Si bien desde el ámbito oficial, los aumentos fueron justificados como consecuencia de la quita de subsidios a los mayores costos de combustibles que utiliza la generación que hasta ahora solventaba el gobierno nacional, alegando la necesidad de recomponer la cadena de productos y servicios prestados en el Mercado Eléctrico Mayorista exigiendo que cada demanda abone los costos reales incurridos para abastecerla, para los usuarios, nada de ello justifica la medida.
El incremento no se muestra como un mayor ingreso a las distribuidoras sino como un sistema de pase directo a tarifa de un mayor costo de abastecimiento. Lo que dejó de pagar el Estado lo paga ahora, supuestamente en su misma incidencia, el usuario.
Esto es lo que may
ormente se le critica a la medida toda vez que resulta injusto que ante el evidente fracaso del sistema privatizador, situación que se viene tratando de disimular desde el oficialismo desde comienzos de este siglo, sean solo los usuarios finales los que tengan en sus espaldas seguir solventando los desequilibrios del mercado.
La denuncia cuestiona la oportunidad y conveniencia de medidas que continúan hostigando al consumidor, que no solo le generan serios perjuicios sino que ni siquiera solucionan la cuestión de fondo, lo que hace a la decision más injustificable aún.
Asimismo, se le cuestiona a este incremento la legalidad y validez de su disposición ya que no fue producto de una revisión tarifaria como exigen las normas vigentes. Tampoco se dio la posibilidad de efectuar audiencias públicas que morigeren el impacto que ha generado en los bolsillos de los consumidores cautivos.
No es cierto que no hubo aumentos de tarifas, las mismas se han ido incrementando paulatina y
muchas veces encubiertamente durante los últimos años con diversas justificaciones (cargos específicos, fideicomisos, Puree, energía plus, etc.).
Los consumidores tienen que afrontar tarifas superiores por no consumir energía eléctrica en forma regular, o por consumir poca, por consumir de más respecto de un período elegido caprichosamente como de referencia. Es decir, siempre, hagan lo que hagan pagan castigos al consumo, castigos por un sistema y un modelo que definitivamente no funciona ni ha funcionado jamás.
En conclusión, la denuncia tiene por fin reclamar una mayor equidad en la distrib
ución de responsabilidades derivadas del fracaso del sistema y, sobre la base del imperativo de orden legal vigente, se sancionen los actos administrativos que reviertan definitivamente la situación de fondo, preservando en primer término los derechos de los consumidores y los de los trabajadores del sector eléctrico, sancionar las infracciones o incumplimientos cometidos por las empresas en la prestación del servicio público de electricidad, con una dureza tal que ya no permita mas arrebatos a quienes contribuyen con su pago a mantener el sistema eléctrico, esto es, los usuarios finales.
En consecuencia, se solicita formalmente se dejen sin efectos los incrementos arbitrarios, ilegales inoportunos, desmedidos aplicados a través de mecanismos de pase a tarifa de mayores costos, ya sea de generación, transporte o distribución y que el Estado a través de sus organismos competentes ejerza el Poder de Policía en el marco de las facultades que la Administración
Pública le confiere, y exija el fiel y acabado cumplimiento de los contratos de concesión correspondientes.
Mar del Plata 29 de enero 2009
Rigane José Sec. Gral., en representación del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata
Mariano Pi De La Serra, en representación del “Movimiento de Participación Popular.
Gerardo Petrarca, en representación del la Federación de Asociaciones del Personal Jerarquico de la Republica Argentina
Presa Norma, en representación del Partido Comunista Revolucionario
Carvajal Nancy, en representación de Partido Obrero
Ávila Héctor, en representación de Organización de Barrios Unidos en Lucha
Britos Roberto, en representación de Alternativa Social
Annessi Víctor, en representación de Espacio Si Solidaridad e Igualdad
Martínez José Manuel, Constituyente Social Mar del Plata
Núñez Nora del valle, en representación de Atahualpa
Núñez Ester, en representación de la Biblioteca Popular y Centro Cultural Centenario Barrio Bernardino Rivadavia
Schutrumpf Guillermo, Concejal Coalición Cívica
Agüero Jorge, Corriente Clasista y Combativa
Garaycochea Marta, en representación de Centro Comunitario Nuestra Sra. De Lujan
Escudero Rubén Alberto, en representación de Movimiento Territorial Liberación
Tonti Miguel Ángel, en representación del Partido Socialista Autentico
García Horacio, en representación de Asociación de Fomento La Gloria de la Peregrina
Battaglia Alfredo Nicolás, en representación del Comité Regional Mar del Plata del Partido Comunista
Forio Fernando, en representación de la Asociación de Abogados Laboralistas del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires
Mayo José Alberto, en representación de la Asociación de Fomento Hipódromo
Calegari Hipolito, en representación de la Sociedad de Fomento Santa Paula
Ana Maria del Canto, en representación de Cooperativa Trabajo Pro-Pan Ltda.
Capparelli Alejandro, en representación de la Entidad denominada “Defensoría de la Tercera Edad y la Niñez”
Albin Daniel, en representación del Partido Intransigente
Martínez Verónica, en representación de la Corriente Intransigente Social
Iturbe Virginia, en representación de Mesa Promotora Proyecto Sur Mar del Plata.
Por favor, yá no tengo cómo reclamar, ayúdenme. Los teléfonos del ENRE no me responden, tampoco los de OCEBA ni los de EDEA. Me llegó una tarifa de luz de mi Dpto. ubicado en Avda. Luro 2652, 5º 69 de Mar del Plata con un consumo desmedido que no corresponde con el gasto efectuado y además con castigo económico. El medidor que consta en la factura es el nº 117864 pero el medido que está en el edificio con mi Dpto. es el nº 158.694. Hice reclamo escrito ante la casa de Miramar en Capital Federal con fecha 28/10/2009. Mandé mails a EDEA y a OCEBA. No me responden. Ayúdenme. Mi dirección de correo: Marinella_hms@hotmail.com
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