jueves, 16 de julio de 2009

Los usuarios se unen contra el tarifazo en la luz y el gas

Fuente: Clarin 15.07.09

Foto: FeTERA

Distintas organizaciones decidieron impulsar medidas para derogar los aumentos. Ya se reunieron con la titular de la Comisión de Energía de Diputados y marcharon a la sede de Edesur.

Usuarios representados en distintas organizaciones decidieron llevar adelante una batería de medidas con el objetivo de derogar los aumentos en las tarifas de luz y gas que están recibiendo en sus hogares y que incluyen incrementos de entre el 400% y el 700%.
Estas acciones empezaron el martes, cuando las entidades -entre ellas, asociaciones de consumidores,
la CTA, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y vecinos autoconvocados de distintos barrios- fueron al Congreso a pedir una entrevista urgente con la diputada Rosana Bertone, titular de la comisión de Energía, para pedirle que sea reflotado un proyecto (789/2009) que plantea la anulación del decreto que autorizó los incrementos.
Ayer, ese mismo grupo se reunió frente a la sede de Edesur de San José al 100. Allí, los convocados se solidarizaron con las denuncias de un grupo de "empleados despedidos que denunciaron cortes de energía a los usuarios que no pagaron las facturas con los aumentos o que pagaron a cuenta, violando la decisión de
la Justicia que prohibió los cortes de energía por este tema", comentó Pedro Bussetti, titular de Deuco, una de las entidades que adhirió a la protesta.
El próximo paso, de los usuarios que eligieron el método de la protesta para impugnar las subas, será el martes próximo. Para ese día, los representantes de las entidades planean actos de protesta a partir de las 10 de la mañana, en algunas oficinas comerciales de las distribuidoras de luz y de gas.

Ayer, La Defensoría del Pueblo se sumó a las críticas contra el tarifazo: calificó de "arbitrario e ilegal" el incremento en las tarifas decretadas por el Gobierno, y advirtió que esta decisión "aumenta el castigo a los usuarios".

A través de un informe, la Defensoría señaló: "Desprolijidad, improvisación y falta de criterio aparecen aunados en el tratamiento de los usuarios de los servicios de gas y electricidad".

El documento, señaló que la aplicación de los decretos oficiales que instrumentaron las subas "derivaron en desmesurados aumentos en los valores de las facturas de los servicios de electricidad y gas, arrojando montos irrazonables desde el punto de vista económico, constituyéndose, en consecuencia, en arbitrarios y manifiestamente ilegales por contrariar principios elementales de justicia contenidos en la Constitución Nacional".

jueves, 7 de mayo de 2009

Auto que rechaza la medida cautelar interpuesta por Mondino para evitar corte de suministro de gas

Fuente: Cro. Juan Gardes 30 abril 2009

La jueza del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro. 9, Cecilia de Negre, desestimó la medida cautelar presentada por el Defensor del Pueblo que solicitaba que no se apliquen el nuevo cuadro tarifario en las facturas de gas de los usuarios, hasta que se resuelva la constitucionalidad del incremento. La sentencia explica que “Si bien lo narrado por el Defensor del Pueblo da cuenta del impacto económico que produce la aplicación de la normativa impugnada en las facturas de gas de los usuarios, lo cierto es que en el caso no se ha acreditado ni denunciado la inminencia del corte del suministro con motivo de las cuestiones que aquí se ventilan, con lo cual, a la fecha, los usuarios pueden continuar gozando del servicio público del gas, sin perjuicio de que, de prosperar esta demanda, cada usuario pueda exigir por las vías pertinentes la restitución de los montos oblados”
 
Poder Judicial de la Nación

USO OFICIAL

Causa N° 6530/09; "Defensor del Pueblo de la Nación –Inc. Med.

c/ EN – Dto 2067/08 MS Planificación –

Resolución 1451/08

s/ Proceso de conocimiento"

///nos Aires, 23 de abril de 2009.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.-

En atención a lo decidido por la Sala V de la Excma.
Cámara, que tuvo por legitimado al Defensor del Pueblo de la Nación, corresponde

expedirme en relación a la medida cautelar solicitada, cuyos fundamentos

fueron reseñados en el punto II de la resolución dictada el 4 de

marzo del año en curso.

II.-

De acuerdo a reiterada jurisprudencia de los tribunales
federales, la procedencia de medidas de la índole de la requerida, queda

subordinada a la estricta verificación de dos extremos insoslayables, a saber,

la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en

la demora, ambos previstos en el art. 230 del Código Procesal (conf. Cámara

del fuero, Sala II,

in re: "Irurzum" del 23/2/82, entre muchas otras).-
A ello, cabe agregar que en las medidas cautelares relativas

al proceso contencioso administrativo, se adiciona a los requisitos propios

de este instituto procesal, la ponderación ineludible del interés público

(conf. CSJN, Fallos 307:2267; 310:1928 y 319:1069).-

Teniendo en cuenta que en este tipo de medidas cautelares,

en cada caso en concreto el juzgador debe efectuar un análisis preliminar

de los intereses públicos en juego, sin que corresponda referirse a ellos

de manera genérica, sino indagando la existencia de un interés específico y

prevalente que exija efectivamente el cumplimiento de la norma, no puede

soslayarse la trascendencia innegable de la cuestión debatida, materia sobre

la cual el legislador atribuyó facultades específicas a órganos administrativos,

respecto de las cuales, decisiones aisladas de carácter cautelar pueden

generar graves distorsiones.-

Debe recordarse que las medidas como la solicitada

tienen carácter excepcional sujetando, además su procedencia a la necesaria

comprobación de la manifiesta arbitrariedad o ilegalidad alegada, A lo que

se agrega, el examen de tales requisitos es aún innecesario si no se acreditó

la existencia de otro, que es propio de toda medida: el peligro de un perjuicio

irreparable (conf. CNCont. Adm. Fed. Sal III del 15/10/85 "Fabris" confirmada

por la Corte Suprema de Justicia el 19/5/86, Ed 119-187, 22/2/90

"Decege", 16/8/90 "Gomez".-

III.-

En este contexto, es que se debe ponderar, si efectivamente
concurre en el caso el peligro de un daño de imposible o dificultosa

reparación ulterior.-

Si bien lo narrado por el Defensor del Pueblo da cuenta del

impacto económico que produce la aplicación de la normativa impugnada en

las facturas de gas de los usuarios, lo cierto es que en el caso no se ha acreditado

ni denunciado la inminencia del corte del suministro con motivo de

las cuestiones que aquí se ventilan, con lo cual, a la fecha, los usuarios pueden

continuar gozando del servicio público del gas, sin perjuicio de que, de

prosperar esta demanda, cada usuario pueda exigir por las vías pertinentes

la restitución de los montos oblados.-

Además, con igual criterio la Sala III de la Excma. Cámara

de Apelaciones del Fuero admitió la procedencia de una medida cautelar ante

la inminencia del peligro del corte de suministro, en casos en que se encontraba

suficientemente acreditado en razón del aviso de corte cursado por

la empresa prestadora del servicio

(conf. Sala III autos "Insugra SA" del 15 de
mayo de 2008).-

Por lo expuesto, cabe rechazar la medida cautelar solicitada

por la actora.

Ello, sin perjuicio de lo que se decida al momento de dictar

sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.

ASÍ SE RESUELVE.-

Regístrese y notifíquese.-

El aumento del gas sigue fluyendo

RECHAZAN UN AMPARO PARA FRENAR LA SUBA DE TARIFAS


Fuente: Página 12. 29 abril 2009 / Colaboración cro. Juan Gardés

La Justicia rechazó frenar el aumento de la tarifa del gas, al entender que el nuevo cuadro tarifario no pone en riesgo que “los usuarios puedan seguir gozando” de ese servicio publico. Así lo determinó la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Cecilia de Negre, al desestimar la medida cautelar que había pedido el entonces ombudsman Eduardo Mondino.

“Si bien lo narrado por el defensor del Pueblo da cuenta del impacto económico que produce la aplicación de la normativa impugnada en las facturas de gas de los usuarios –dijo la jueza–, lo cierto es que en el caso no se ha acreditado ni denunciado la inminencia del corte del suministro con motivo de las cuestiones que aquí se ventilan.”

A raíz de ello, añadió la magistrada, “a la fecha, los usuarios pueden continuar gozando del servicio público del gas, sin perjuicio de que, de prosperar esta demanda, cada usuario pueda exigir por las vías pertinentes la restitución de los montos oblados”. Así las cosas, la jueza De Negre rechazó dictar la medida cautelar pedida, aunque aclaró que esta resolución no implica que se resuelva de la misma manera “al momento de dictar sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión”.

En febrero pasado, antes de dejar su cargo, Mondino había acudido a la Justicia para frenar la suba de las tarifas del gas al considerar el “tarifazo ilegal y arbitrario”, e interpuso una demanda contra el Poder Ejecutivo nacional y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Es que las facturas de gas de los consumidores comenzaron a llegar durante este mes con subas que llegan al 200 por ciento, según denuncias de diferentes asociaciones de consumidores.

En ese sentido, para el ombudsman era el Congreso el que estaba facultado para este tipo de cambios en el servicio y no el Poder Ejecutivo. Por eso denunció que “el Estado desatiende una obligación de rango constitucional, cual es proveer a la defensa del consumidor, sus intereses económicos y la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”.

Hace un mes, Mondino renunció al cargo que había ocupado durante siete años y medio para convertirse en candidato a senador, aliado con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que avanzó en la conformación de un frente distanciado del kirchnerismo.

La Nación autorizó un nuevo aumento en el servicio de gas

Fuente: La Nación. 16 Abril 2009 / Colaboración cro. Juan Gardés

Esta vez el incremento llegará a los usuarios domiciliarios de gas. Los usuarios residenciales de mayores consumos tendrán que pagar ese servicio con un aumento de entre el 10 y el 30 por ciento, en promedio. El Gobierno Nacional postergaría su implementación para después de las elecciones.

Los usuarios residenciales de gas de mayores consumos tendrán que pagar ese servicio con un aumento de entre el 10 y el 30 por ciento promedio, aunque el Gobierno postergaría su implementación para después de las elecciones.

Estos aumentos se aplicarán a los hogares abastecidos por Metrogas, Distribuidora de Gas Cuyana y Gasnor, Camuzzi Sur y Pmpeana y se sumarán a las dos subas implementadas el año pasado. 

El alza será retroactiva al 1° de septiembre pasado y alcanzará a los clientes de la que están por encima de la categoría R2-2 (de mayor consumo).

Los valores de las tasas y cargos que están en vigencia sufrirán un ajuste del 25 por ciento, mientras que los cargos fijos y las facturas mínimas se mantendrán iguales.

El aumento comenzará a regir cuando el ENARGAS publique en  el Boletín Oficial los nuevos cuadros tarifarios, que "por ahora no tienen fecha de publicación", según voceros del organismo.

La medida se aplicó mediante tres decretos (234, 235 y 246) firmados por la presidenta Cristina Kirchner y publicados en el Boletín Oficial.

Las tres normas ratifican las actas acuerdo firmadas con las distribuidoras, en el marco de la renegociación de los contratos de servicios públicos.

En todos los casos, el alza será retroactiva al primero de septiembre pasado y recaerá sobre los clientes que se ubiquen por encima de la categoría R2-2 (de mayor consumo).

Los valores de las tasas y cargos que están en vigencia sufrirán un ajuste del 25 por ciento, mientras que los cargos fijos y las facturas mínimas se mantendrán iguales.

Estos aumentos se sumarán a los ya anunciados por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a fines del año pasado. 

El primero, destinado a subsidiar el precio de la garrafa social, también implicaba un incremento de hasta el 30 por ciento en la factura.

El segundo ajuste se fundamentó en que se aplicaba para elevar el precio del gas en boca de pozo, para alentar la exploración y la inversión, y un cargo variable para financiar la importación de gas desde Bolivia.

Este nuevo aumento, está destinado a financiar nuevas inversiones en las compañías distribuidoras, según se informó en ENARGAS.

Este nuevo aumento es el primer ajuste en la tarifa de distribución para los hogares desde 2001. Las compañías no se quedarán con los fondos del aumento sino que irán a un fondo fiduciario que financiará la expansión y mejora de su red de servicios.

El aumento forma parte del llamado régimen tarifario de transición, que regirá hasta que se termine de definir el cuadro que surja de la llamada revisión tarifaria integral, según el acuerdo alcanzado entre Metrogas y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN).

Hasta ahora, las distribuidoras de gas y electricidad del área metropolitana sólo habían recibido permiso para subir las tarifas que recaen sobre las fábricas y el comercio.

Salta: un juez ordenó discriminar el aumento dispuesto por el Gobierno

Además, la medida autoriza a los usuarios a realizar pagos parciales, sin la suba acordada esta semana

Fuente: Por Carlos Pastrana. 17.abr.09. / Colaboración cro. Juan Gardés 

SALTA.- El juez federal subrogante número 1 de Salta, Julio Bavio, ordenó discriminar en las próximas facturas del servicio de gas los montos correspondientes a consumo y al cargo establecido por decreto nacional para financiar un fondo fiduciario abocado al pago de las importaciones de gas.

La decisión fue tomada al ampliar la medida cautelar que dispuso que Gasnor, la distribuidora local, "se abstenga de efectuar cortes en el suministro de gas motivado por la falta de pago de los importes correspondientes al cargo creado por el decreto 2067/08 y a sus accesorios" hasta que haya sentencia definitiva para el recurso de amparo interpuesto contra esa medida. Bavio también dispuso que la prestataria acepte pagos parciales por el monto correspondiente al consumo.

El planteo judicial fue presentado por el defensor del pueblo de la Ciudad de Salta, Alvaro Ulloa, con la Cámara del Tabaco, al que adhirieron la Unión Industrial de Salta, el Comité de Defensa del Consumidor (Codelco), otras entidades y particulares cuyas presentaciones motivaron que el magistrado extendiera los alcances de la medida cautelar al territorio provincial y ordenara a la empresa que "arbitre los medios necesarios a fin de que en las próximas facturas a emitirse se discriminen los rubros correspondientes al consumo real del gas y los concernientes al cargo del decreto 2067/08".

Asimismo, en la medida se ordena a la empresa distribuidora que "acepte el pago parcial de dichas facturas, como también de las que ya fueron distribuidas sin dicha discriminación, es decir la suma que corresponda por el consumo de gas", instruyendo a las agencias de cobro para que obren en igual sentido.

Por su parte, en los considerandos de la medida cautelar, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, el juez Bavio señaló que "no puede dejar de valorarse la evidente desproporción que surge de las copias de las facturas acompañadas por los actores entre lo cobrado por el efectivo consumo de gas y lo que se les pretende cobrar por el cargo creado por el decreto mas el IVA", agregando que con los accesorios "superan ampliamente el valor del gas realmente consumido" con un "grave perjuicio económico" porque "exceden en los hechos cualquier criterio de razonabilidad".

La Cámara de Diputados el martes y el Senado anoche, por su parte, aprobaron declaraciones pidiendo a los legisladores nacionales por Salta que gestionen la derogación del cargo al que calificaron de abusivo.

Cuestionaron también la inequidad de la medida porque mientras a los usuarios de Buenos Aires se les cobra el recargo por consumos superiores a lo mil metros cúbicos, en Salta, provincia productora, lo pagan si consumen mas de 800 metros cúbicos y no se hace diferencias con las personas de menores recursos.

Amparo por las facturas de EDES

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) pidió a la justicia federal la ampliación de la medida para otros 500 usuarios.

Fuente: La Nueva.com 07 mayo 2009 / colaboración cro. Juan Gardés
 
El titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) presentó, ayer, un pedido de ampliación del recurso de amparo para 500 nuevo usuarios damnificados por la suba de la tarifa de energía eléctrica, que se sumarían a los 85 que ya lograron el beneficio.
La presentación, efectuada ante el Juzgado Federal Nº 2 por el doctor Diego Aldacour, solicita, además, que el amparo abarque a toda la población afectada, aunque no haya presentado la demanda ante la citada sede.
El letrado acudió acompañado por el doctor Juan Pedro Tunessi, presidente del Concejo Deliberante, entidad de la cual depende la OMIC.
"Nuestro pedido se fundamenta en que tenemos ya dos mil expedientes y se tramitan 140 por día en la OMIC, a los que deben sumarse las carpetas que se confeccionan en las delegaciones, en Apyme, la Cámara del Comercio y la Industria, la Unión Industrial y la Corporación del Comercio, la Industria y Servicios", enumeró.
Para el abogado, el aluvión de reclamos demuestra que la situación afecta a toda la ciudad y los montos son "absolutamente irracionales, por lo que se tornan definitivamente impagables".

Efectos
Tunessi manifestó que la primera presentación efectuada por la OMIC local, que fue la primera de las 80 oficinas de estas características existentes en la provincia de Buenos Aires en tomar esta determinación, ya está dando sus frutos.
"Tengo en mi poder la resolución 234 de la ministra de Infraestructura de la Provincia, que introduce un cambio fundamental en la aplicación del famoso PURE a las tarifas de energía eléctrica", indicó.
 Leyó que la nueva disposición establece que esa penalización se debe calcular después de aplicar los impuestos sobre el valor de la energía, "y no como esta irracionalidad que se hacía de aplicar los impuestos a los costos fijos de la factura, los cargos variables y el PURE.
"Además, en esta resolución, la funcionaria pide a la AFIP-DGI que el IVA también se calcule de la misma manera", añadió.
"Es tan irracional este proceso que encima le aplican el 21 por ciento del IVA sobre el cargo variable, el costo de la energía y el PURE, con lo cual se llega a cifras absurdas e irracionales", redondeó.
Aldacour informó que la prestataria EDES apeló la medida y que se espera que el trámite sea trasladado a la Cámara. "Mientras tanto, para los 85 casos que se presentaron, está vigente la medida cautelar; por lo tanto, no les pueden cortar la electricidad y no se pueden aplicar estas resoluciones", explicó.
Comentó que, a partir de los hechos, es consultado en forma permanente sobre la forma del trámite por muchas de las OMIC bonaerenses y por dirigentes de ciudades que no tienen ese organismo.

¿Otras demandas?
Aldacour no pudo adelantar si seguirá un proceder similar en relación a las quejas recibidas por altas facturaciones de otros servicios.
 "Estamos trabajando fuertemente con la situación de los 3 mil usuarios que viven en los monoblocks de la ciudad en relación a la estimación que se les cobra por el consumo del agua, dado que el aumento general todavía no se vio y se percibirá a partir de mayo", respondió.
Añadió que la OMIC está en gestiones con los directivos de la prestataria en La Plata, para ver si se pueden morigerar estas estimaciones, que han significado un aumento del 700 por ciento a gente que no tiene un poder de pago acorde con lo que pretenden cobrarles.
"En el caso del gas, lo estamos estudiando. Es tan grave o peor que esto y, por lo tanto, a partir de este análisis, vamos a determinar qué hacer", indicó.
Aldacour subrayó que no pretenden judicializar todo, pero "el gobierno kirchnerista ha tomado resoluciones que afectan a muchos servicios de una manera muy desconsiderada; por lo tanto, alguna solución para los usuarios tenemos que encontrar".

Denuncian cortes de luz por no pagar

Las distribuidoras, según la Defensoría del Pueblo, estarían violando una orden judicial que prohíbe cortar a los afectados por las subas

Fuente: La Nación. Mercedes García Bartelt . 9 abril 2009 / Colaboración cro. Juan Gardés

La Defensoría del Pueblo elevó ayer al Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) una recomendación para que "arbitre las medidas necesarias a fin de que Edenor, Edelap y Edesur se abstengan de efectuar cortes del servicio eléctrico a los usuarios afectados por el aumento de tarifas (con consumos superiores a 1000KW/h por bimestre)", tal como lo ordenó la Justicia en una medida cautelar emitida el 28 de enero último, hasta que se resuelva el amparo colectivo que el organismo presentó para dar marcha atrás con las subas.
El reclamo del adjunto 1° de la Defensoría, Anselmo Sella, que reemplazó al saliente Eduardo Mondino, fue desestimado por las empresas y se fundamentó "en las múltiples quejas que recibió la Defensoría de los usuarios, a los cuales se les ha interrumpido el servicio ante la falta de pago de las facturas a las que se había trasladado el incremento tarifario". Según precisó Sella, el organismo registró al menos 15 quejas, a las que se añaden más de un centenar de consultas ingresadas en las últimas semanas. Fuentes del organismo señalaron que el grueso de los reclamos provino de los usuarios de la zona sur y aclararon que no se registraron quejas por Edelap. En sus reclamos, "los usuarios dejaron constancia de que no recibieron los avisos del corte, que sus reclamos no fueron recibidos en las oficinas comerciales y que se cursaron intimaciones de pago indicando que la medida cautelar alcanza sólo a la obligación de abonar el incremento". Esa última posición es la que reconoció Edesur, tras señalar que cortó el servicio a los usuarios afectados que no se acercaron para recalcular el importe sin el aumento.
"La cautelar se refiere al aumento previsto en las resoluciones que fijan todos los cuadros tarifarios, o sea los precios de todos los usuarios. Si no alcanzara sólo al aumento, entonces nadie tendría que pagar la luz", dijo el vocero de la empresa, Daniel Martini. La cautelar, que lleva la firma de la jueza Alicia de Negre, ordena a las empresas "se abstengan de efectuar cortes en el suministro de energía eléctrica motivado en la falta de pago de las facturas emitidas en base a las resoluciones discutidas, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa". En la Defensoría señalaron que la jueza hace referencia "al total de la factura y no a un pago parcial, por lo cual las empresas estarían en falta si cortan". Edenor y Edelap negaron cortes, señalaron que el grueso de sus clientes ya había pagado el total de las facturas (el aumento alcanzó al 8% de la base de usuarios) y que al resto se les estaban enviando comunicaciones para armar planes de pago sin aumento. En Edenor precisaron que a los que siguen sin pagar se les empezó a comunicar que, de no acceder a un plan parcial de pago, "la compañía tomará las medidas correspondientes, como embargos".

Antecedentes
Desde el ENRE señalaron que controlarían a las empresas, aunque no informaron sobre el actual cuadro de situación. La Defensoría le dará 48 horas al ente antes de tomar acciones judiciales contra las distribuidoras. Actualmente, el amparo colectivo que Mondino presentó para que el Gobierno dé marcha atrás con los aumentos está frenado en la Justicia. En esa presentación, la Defensoría estableció que las resoluciones 1169/08 y 745/05 de la Secretaría de Energía ?más sus modificatorias? y las 628/08 y 654/08 del ENRE "son contrarias al principio de razonabilidad económica, arbitrarias e ilegales".

CONTRA LOS CORTES DE GAS EN SALTA
* El juez federal de Salta Julio Bavio dictó una medida cautelar ordenando que hasta que resuelva la cuestión de fondo no se le corte el suministro de gas a quienes no paguen el monto correspondiente al fondo fiduciario para las importaciones de gas, que recae sobre los usuarios y genera alzas de hasta 300%.